Con el objetivo de analizar la situación tributaria de las empresas de hospedaje, el Instituto Costarricense de Turismo realizó una primera inspección en Manuel Antonio, Quepos y Jacó, para determinar si están operando al margen de la Ley, en relación con sus obligaciones tributarias del impuesto de ventas, renta y el impuesto territorial.

Hermes Navarro, Jefe de Gestión Turística del ICT explicó que esta primera inspección determinó de manera preliminar que alrededor de 50 establecimientos que presuntamente operan ilegalmente, tales como apartamentos, casas, condominios y cuartos ubicados en estas tres zonas turísticas podrían estar evadiendo impuestos, principalmente el de ventas y el impuesto de renta.

“El mapeo realizado por el ICT facilitará a la División de Control y Evaluación de la Gestión de Ingresos del Ministerio de Hacienda, realizar las visitas a este tipo de establecimientos con el fin de verificar si están o no inscritos en el pago de impuestos y determinar la posible existencia de evasión fiscal”, explicó Navarro.

La variable principal que se utilizó para seleccionar esas zonas para una primera inspección fue el volumen de la oferta turística existente y presunción de que se presentaba una amplia gama de este tipo de establecimientos, lo cual según Navarro, se pudo comprobar gracias a la gira efectuada.

Además resaltó que aunque los municipios han tratado de regular la situación del impuesto territorial (es de 25%), se desconoce la situación relacionada con el pago del impuesto de ventas que es de 13% y de renta que es de 30%, por lo que se podría estar dando evasión fiscal.

Tanto el ICT como el Ministerio de Hacienda continuarán visitando diferentes zonas turísticas del país, con el fin de indagar preliminarmente, la situación de estos establecimientos de hospedaje. Navarro indicó que se le dará prioridad a zonas de mayor oferta turística como Guanacaste, Limón, San Carlos y Puntarenas, sin dejar de lado aquellos sitios en los que se presuma que operan sin ninguna regulación.

Se espera que las empresas en las que se determine alguna anomalía, regulen su situación ante el Ministerio de Hacienda y las Municipalidades correspondientes, con el fin de garantizar una mejor calidad y competitividad del servicio turístico costarricense.

fuente:www.apetitoenliena.com

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